Un Cambio de Paradigma: La Nueva Ley de Delitos Económicos y su Impacto en el Gobierno Corporativo de Chile
Un cambio de paradigma legal y empresarial que redefine el juego legislativo. Esto es parte de las consecuencuencias que ha traído la nueva Ley N°21.595. de Delitos Económicos que entró en vigencia el 17 de agosto de este año. «La ley nos pone al día con la legislación internacional y nos brinda una oportunidad de actualizarnos», señaló el Senador Matías Walker, quien fue parte de un seminario organizado por el Centro de Gobierno Corporativo FEN de la Universidad de Chile.
Como un necesario paso para modernizar el código penal y equiparar a Chile con las regulaciones internacionales vigentes en los Estados Unidos y Europa. Así describe el senador Matías Walker a la Ley de Delitos Económicos en Chile, la cual –destaca él como uno de sus impulsores– no se traduce en un aumento de penas, sino en una modulación de la gravedad de los delitos económicos, considerando las circunstancias específicas.
Las repercusiones de esta nueva normativa fueron minuciosamente exploradas durante el Seminario «Impacto de la Nueva Ley de Delitos Económicos en el Gobierno Corporativo de las Empresas en Chile». Este evento, organizado por el Centro de Gobierno Corporativo de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, reunió a destacadas figuras del ámbito académico, político y empresarial para abordar los desafíos y las oportunidades que plantea la Ley N°21.595.
El encuentro contó con la moderación de Dieter Linneberg, miembro del equipo ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo y Director de Empresas y Economista. Ángela Núñez Garnier, Subdirectora Comercial del Centro de Alta Gerencia (CDAG), dio las palabras de bienvenida, y la presentación estuvo a cargo de José Olivares, Director Académico del Centro de Gobierno Corporativo, del Departamento de Administración, FEN de la Universidad de Chile. Este encuentro se reveló como una instancia relevante para la discusión y comprensión a fondo de las implicancias de la nueva normativa.
Responsabilidad Legal de Directores y Gerentes
Esta ley sistematiza los delitos económicos y los atentados contra el medio ambiente, y que, entre otras disposiciones, amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, poniendo en el foco a sus líderes. En este sentido, una de las cuestiones más debatidas en el seminario fue la responsabilidad legal de los directores y gerentes de empresas. Jorge Boldt, socio del estudio de Abogados Cariola Díez Pérez-Cotapos, enfatizó que, “en términos generales, la persona que comete un delito es quien enfrenta la responsabilidad legal”.
Sin embargo, esta ley introduce agravantes cuando los ejecutivos participan activamente en un delito, lo que incrementa el riesgo de condena para ellos. Esta perspectiva representa un cambio sustancial en la forma en que se abordan los delitos económicos en el país. «Aunque no supone un cambio en el sentido jurídico de la persecución, en la práctica, implica una mayor vigilancia y sanciones más rigurosas dirigidas hacia los ejecutivos».
Siguiendo esta misma línea y apelando a la colaboración del empresariado, el Senador Matías Walker enfatizó que «No hay razón para temerla; más bien, debemos prepararnos. Era imperativo modernizar nuestro código penal».
Por otra parte, desde su perspectiva como jurista internacional, Verónica Benedetti, Socia de Deloitte Forensic y Magíster en Leyes de la Universidad de Chicago, subrayó que: «Esta ley representa un salto cuántico, ya que alinea a Chile con los estándares internacionales en la prevención de delitos económicos.»
No obstante, subrayó la necesidad de asignar recursos adecuados al cumplimiento normativo, especialmente en comparación con otros departamentos de las empresas. Dado que Chile se encuentra en las primeras etapas de este proceso, comprender la necesidad de recursos para la función de cumplimiento normativo, y así detectar riesgos de incumplimiento o inobservancia de normativas, es crucial.
En definitiva, desde una óptica centrada en la cultura corporativa, Álvaro Clarke, Presidente de ICR Chile y miembro del equipo ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo de la U. de Chile, afirmó que esta ley proporciona una «oportunidad para que las empresas contribuyan a la construcción social del país». Señaló que se requerirá un esfuerzo conjunto para identificar y gestionar los riesgos de manera efectiva y contribuir al desarrollo sostenible de la nación.
En consecuencia, y en palabras del abogado Jorge Bold “el riesgo a enfrentar acciones legales es significativamente más alto para los directivos y gerentes.” De esta forma, la clave es la preparación el cumplimiento normativo. Esta ley representa una oportunidad para impulsar el desarrollo económico del país de manera responsable, priorizando el bienestar común. En este sentido, las empresas deben prepararse a través de capacitación, actualización de matrices de riesgo y asumir costos adicionales, áreas en las que nuestro Centro de Gobierno Corporativo brinda apoyo a través de asesoría y un programa de formación personalizado. Para obtener más información, contacta a Angela Nuñez, Subdirectora Comercial CDAG, al correo anunezg@fen.uchile.cl.
